La soja, el Acuífero Guaraní y presencia militar
yanqui
Ejes
de la recolonización imperialista en Paraguay
Por Marco
Boltes
Agrupamiento por el Socialismo, Paraguay
A
pocos días de las grandes movilizaciones por la nacionalización de los
hidrocarburos protagonizadas por los trabajadores y el pueblo boliviano, y a tan
sólo 250 km de distancia de los yacimientos gasíferos y petroleros motivo de la
disputa entre los trabajadores y las transnacionales, Washington logra que el
Congreso paraguayo apruebe una ley de inmunidad diplomática para sus tropas
hasta diciembre del 2006. Aumenta así el número de soldados en la base aérea de
Mariscal Estigarribia, en el centro del Chaco, instalación que de hecho hace ya
un tiempo fungía de asiento de una base norteamericana
clandestina.
¿Cuál es la intención
de Washington? ¿Cuáles son los motivos de fondo que llevan a esta intervención
militar en Paraguay y la Cuenca del Plata, aparte de amedrentar a los
trabajadores y prevenir grandes movilizaciones populares en contra de los
gobiernos capangas de las grandes transnacionales?
El proyecto
recolonizador
Partimos de que esta
época de globalización del capital está caracterizada por una
internacionalización de los procesos productivos con una definida división
mundial del trabajo. Y que en esta coyuntura del sistema capitalista, en la
nueva organización de la producción a escala mundial, los países semicoloniales
como el nuestro asumen el desarrollo de una parte específica del proceso
productivo, quedando la dirección de qué, cuándo y cómo se produce a cargo de
los países centrales.
En ese marco, el gran
capital asigna a los países de la Cuenca del Plata, y en especial al Paraguay,
el papel de proveedores de recursos naturales y materias primas, sobre todo la
producción de rubros agrícolas. Los casos más ilustrativos son los de Brasil y
Argentina, que en la última década sufrieron prácticamente el desmonte de toda
su industria pesada y semi pesada, siendo así que por ejemplo Brasil, de ser un
importante exportador de automotores y maquinarias, pasó a tener actualmente
como su principal rubro de exportación al jugo de naranja.
Este proyecto recolonizador también tiene
otros aspectos o fases importantes vinculadas estrechamente con la distribución
de la producción a nivel mundial y la expoliación económica, que son el aspecto
político y el militar.
Así, podemos
identificar dentro de este proceso regional a diversos actores. En primer lugar,
al gran capital representado principalmente por las grandes transnacionales del
agronegocio, en estrecha relación con el estado norteamericano (EEUU), que asume
como propio el proyecto del gran capital transnacionalizado, y en esa medida lo
apoya con sus recursos políticos, tecnológicos y militares. Uno de estos
mecanismos de dominación de la potencia imperialista comprende el control de los
organismos financieros multilaterales (GEF, BM, FMI, etc.), los cuales, mediante
sus ajustes o sus acuerdos stand by, «diseñan» las políticas económicas
de los países semicoloniales.
Basta citar que de las
diez empresas más capitalizadas en el mundo la mitad son norteamericanas para dejar sentada la
histórica fusión entre los intereses nacionales norteamericanos y los del
capital financiero trasnacional. Fusión que es la fuerza motriz de las
intervenciones militares de Washington en todo el orbe contra países pobres,
asegurando para las empresas con base en ese país recursos y ganancias, como por
ejemplo en la guerra colonial petrolera en Iraq.
Las grandes
transnacionales del agronegocio, que mercantilizan la naturaleza con una
agricultura altamente tecnificada y capitalizada, son una de las expresiones de
esta «etapa superior» del proceso de acumulación e internacionalización del
capital. Apoyadas por los derechos de propiedad intelectual, las grandes
corporaciones controlan y explotan los recursos genéticos (en este caso
semillas) de los países pobres, al tiempo que invaden sus territorios con
semillas genéticamente modificadas (transgénicas), destruyen sus recursos
naturales y de paso arrasan con comunidades campesinas e indígenas enteras, que
son expulsadas, generalmente en forma violenta, de sus
tierras.
En cuanto a la división
técnica del trabajo de estas grandes corporaciones, el proceso de producción se
desarrolla en diversos países y se realiza para el mercado mundial. La
intensificación del dominio del capital sobre el campo es un proceso capitalista
crecientemente globalizado, que se va expresando en la consolidación de un
sistema agroalimentario mundial bajo el dominio de grandes corporaciones
asociadas a políticas de liberalización y ajuste estructural. Corporaciones que
monopolizan la provisión de insumos y tecnología agropecuaria, patentan
variedades de cultivos y controlan la política agropecuaria y alimenticia,
determinando que la tierra se destine sólo a la producción agropecuaria
exportable.
La sojalización del
Paraguay y la Cuenca del Plata
En 2001, a nivel
mundial la superficie destinada a la producción de soja llega a 75,5 millones de
hectáreas, de los cuales el 18,4 % correspondía al Brasil y el 1,6 % a Paraguay,
con 1,2 millones de hectáreas. Esta oleaginosa ocupa el 21 % de la tierra arable
en el Brasil y el 44 % en Paraguay.
Así, en 2004 la
producción de soja ocupa 1,9 millones de hectáreas, mucho más de la mitad de la
superficie cultivada en el Paraguay, lo que representa el 2% del cultivo
mundial. Esta expansión sitúa al país como cuarto exportador mundial, con 4
millones de toneladas producidas. La producción de la soja es de lejos la
principal actividad productiva del país, considerando las rentas que genera a
los empresarios y su contribución a las exportaciones.
A
lo largo del proceso de expansión del cultivo pesaron los avances de la
biotecnología, que permitió un crecimiento sostenido de la productividad. De las
27.000 explotaciones que cultivan soja, son sólo 45 las empresas que cultivan
más de 5.000 hectáreas; en 2004, las divisas generadas por las exportaciones de
soja pueden estimarse en mil millones de dólares, que en su mayor parte ni
siquiera son apropiados por la burguesía local vinculada a este rubro, pues la
parte del león se la quedan las grandes transnacionales del agro. El mismo
proceso de expansión se da en los vecinos estados brasileños de Mato Grosso do
Sul y Paraná y en las provincias argentinas del Chaco y
Misiones.
En Paraguay, en los
últimos años es indudable su impacto en el medio rural. En ese período los
cultivos anuales producidos por las comunidades campesinas, como el algodón o la
yerba mate, han decrecido. Esa caída de la producción campesina es tal que ya en
el año agrícola 2002-03 la producción valorizada de los principales cultivos del
sector se redujo a menos de la quinta parte del total, en contraste con la soja,
que representó el 68 % del valor total de la producción.
Debemos puntualizar que
cuando hablamos de este proceso de «sojalización» no hablamos simplemente del
cultivo intensivo de un producto, sino más bien del conjunto de relaciones
socioeconómicas asociadas a un modelo productivo, que responde a las
características de un enclave agroexportador que refuerza los lazos de
dependencia, que incluye el uso a gran escala de agrotóxicos, y que se expande
en base a la expulsión del campesinado hacia los cinturones de pobreza en las
principales ciudades.
El gigante capitalista
de la soja
Uno de los principales
actores en este proceso recolonizador en esta parte del continente es Monsanto,
llamada la «Microsoft del mundo de la semilla», que es la más importante
compañía en el rubro transgénicos y actualmente controla el 80% del mercado a
nivel mundial. A partir de 1996 empieza
la carrera frenética de compras y fusiones de la Monsanto en el mundo de la
biotecnología. Ese año compró el activo biotecnológico de la Calgene, una
compañía biotecnológica de California por 340 millones de dólares. En 1997,
Monsanto adquirió la compañía brasileña Sementes Agroceres y la americana Asgrow
Agronomics. En 1998 compra las operaciones de ventas de semillas de Cargill por
1.400 millones de dólares , además de la Delta & Pine Land Co. por otros
1.820 millones y la Dekalb Genetics por 2.300 millones. En 2003 declaró un
capital de 9.461 millones de dólares. Las ventas netas de Monsanto, tan sólo en
el rubro soja, alcanzaron en los primeros nueve meses del 2005 los 827 millones
de dólares.
La mayor parte o casi
todas las plantaciones de soja transgénica en Paraguay utilizan las semillas,
los herbicidas y los agrotóxicos de esta compañía.
La Monsanto, además de
este conocido monopolio ejercido principalmente por vía de las leyes de patentes
sobre los genes (la esencia misma de la vida) y la venta de «paquetes»
tecnológicos –como es el conocido caso de la venta de la semilla de soja
RoundUp Ready, acompañada de su correspondiente herbicida RoundUp–, ahora tiene
como principal objetivo controlar otro recurso básico para la vida y también
básico para sus negocios en el agro: el agua.
En 1999 Monsanto compró
la Mahyco (Maharashtra Hybrid Seed Company) de la India. Con motivo de la
operación, Robert Farley, alto ejecutivo de Monsanto declaró que «lo que ustedes
ven no es simplemente la consolidación de una compañía en el negocio de las
semillas, es realmente su consolidación en toda la cadena alimenticia. Desde el
agua, que es tan central a la semilla como ésta lo es a la producción
alimenticia (...) Monsanto ahora trata de establecer su control sobre el agua.
Durante 1999, Monsanto planifica lanzar un nuevo negocio del agua, comenzando
con la India y México, pues ambos países encaran una escasez de agua».
Para entrar en el
negocio del agua, Monsanto ya tiene un importante paquete de acciones en la
Water Health Internacional (WHI), con la opción de comprar el resto del negocio.
Negociar con el agua, como con su negocio de semillas, tiene el objetivo de
controlar los recursos vitales necesarios para la supervivencia
humana.
El Banco Mundial y las
transnacionales van por el agua
Dentro del diseño
recolonizador, parte importante del esquema es la relación existente entre las
transnacionales como la Monsanto y el Banco Mundial.
El Banco Mundial ya se
ha ofrecido a colaborar intermediando entre Monsanto y «los mercados en
desarrollo». Como afirma el propio documento de estrategia de Monsanto, «estamos
particularmente entusiasmados por la potencial cooperación con la Corporación
Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial para proyectos conjuntos en los
mercados en desarrollo. La IFC está ansiosa de trabajar con Monsanto para
comerciar con oportunidades de sostenibilidad, y aportaría a nuestros esfuerzos
tanto capital como posibilidades de actuación sobre el terreno». Es importante destacar
que la International Finance Corporation-IFC (una sección del BM) tiene como
principal objetivo buscar, en propias palabras de ese organismo, «financiar
proyectos del sector privado en países en desarrollo, ayudar a multinacionales
del primer mundo a movilizar capital en los mercados internacionales y proveer
asesoría y asistencia técnica a empresas y
gobiernos».(www.ifc.org)
El papel del Banco
Mundial de «mediar» entre los gobiernos y las transnacionales para que se
privaticen los recursos hídricos de los países semicoloniales y que se pueda
comerciar con los derechos sobre las aguas –y sobre cualquier otro recurso
natural considerado estratégico para el gran capital– es uno de los pilares del
proceso de recolonización de los países del Tercer Mundo.
Por ejemplo, desde hace
dos décadas existen tres formas generales de privatización del agua aplicadas a
nivel mundial, y que cuentan la mayoría de las veces con el aval de organismos
internacionales (principalmente el BM). En la primera hay una venta total de los
sistemas de distribución, tratamiento y/o almacenamiento por parte de los países
semicoloniales en favor de las multinacionales. Otra modalidad es la de hacer
una concesión por parte de los Estados para que las multinacionales tomen a su
cargo el servicio y el cobro por las operaciones y el mantenimiento del sistema
en uso. El cobro por el servicio y las ganancias son gestionadas en su totalidad
por la multinacional. Por último, otro procedimiento consiste en un modelo
«restringido» en el que el Estado nacional contrata a una multinacional para que
administre el servicio de agua a cambio de un pago por costos administrativos.
La multinacional puede o no hacer el cobro del servicio, pero no tiene acceso a
las ganancias generadas. Aunque las tres formas se han aplicado en diversas
partes del mundo, la más popular ha sido la segunda.
La Guerra del Agua en
Bolivia
Como parte de las
políticas privatizadoras impulsadas por el Banco Mundial para América Latina, en
1999 el gobierno boliviano resuelve conceder a una empresa trasnacional con
capital de origen norteamericano, la Bechtel Group Inc. (en su versión local,
Aguas del Tunari), la facultad de gestionar y distribuir toda el agua de la
ciudad de Cochabamba y alrededores. Digamos que la familia Bechtel forma parte
de la lista Forbes de los 400 más ricos del mundo. Actualmente tiene contratos
para la «reconstrucción» de las infraestructuras en Iraq (electricidad, agua
potable, aeropuertos, hospitales, escuelas) por 2.800 millones de
dólares.
Es importante señalar
que el contrato de concesión incluía una cláusula de confidencialidad que
indicaba que ningún boliviano debería enterarse del mismo. Este contrato y
posterior ley violentaba las formas tradicionales de la distribución del
recurso, incrementaba las tarifas para hacer recaer sobre las espaldas de la
población las inversiones de modernización del sistema de distribución, y la
empresa sólo se hacía cargo del negocio sin aportar un solo peso; de hecho,
expropiaba los pozos que alimentaban la red privada y comunitaria. En abril del
2000 la ciudad completa se levantó en contra de la privatización del agua y
decide, en cabildo abierto, mantener tomada Cochabamba hasta que se derogue la
ley. Se inicia una rica experiencia de lucha, una insurrección popular donde
convergen campesinos, trabajadores fabriles y desocupados. Finalmente, el pueblo
de Cochabamba, victorioso, logra la derogación de la ley y la expulsión de Aguas
del Tunari.
Aguas
«Argentinas»
En Argentina, otra
transnacional, pero con capital mayoritariamente europeo, el grupo Suez, es el
principal accionista de Aguas Argentinas (39,9 %), una empresa privatizada
durante la era Menem que presta servicios de agua potable y cloacas a 10
millones de consumidores «cautivos» en Buenos Aires y sus alrededores. El grupo
Suez maneja el agua que consumen 125 millones de personas en más de 24 países.
Con un plazo de 30 años, Aguas Argentinas es la concesión unitaria más grande
conocida.
El contrato de
concesión por parte del estado argentino para AA es realmente leonino. Pocas
veces una empresa ha tenido condiciones tan favorables para tener altísimas
tasas de retorno a cambio de una mínima inversión. Tiene un porcentaje de
rentabilidad sobre su patrimonio altísimo: entre 1994 y 2000 fue de un promedio
del 20%, contra un máximo del 12,5% en países como Estados Unidos o, en la
propia Francia, de un 7%.
Según un estudio de
FLACSO firmado por Daniel Azpiazu, las tarifas residenciales de AA «se han
incrementado entre mayo de 1993 y enero de 2002 en un 88,2%». Según el mismo
profesional, ese aumento «no guarda relación alguna con la variación de los
precios al consumidor que, entre el comienzo de la concesión y enero de 2002,
sólo registró un crecimiento del 7,3%».
A
estas tremendas ventajas comparativas y la buena tasa de rentabilidad, AA
responde brindando a sus usuarios uno de los peores servicios sanitarios
conocidos.
Según un informe
preparado en diciembre del 2003 por el propio gobierno argentino, a través de la
Auditoría General de la Nación (AGN), AA transporta residuos cloacales generados
por 5.744.000 habitantes, de los cuales sólo reciben tratamiento final en las
plantas Norte y Sudoeste los efluentes producidos por 696.000 habitantes, lo que
constituye un 12% del total. El resto, según la auditoría, es vertido «al Río de
la Plata en la zona de Berazategui sin haber recibido el tratamiento
adecuado».
Pero lo mas grave es
que a sólo 2.800 metros de allí, Aguas Argentinas retira nuevamente del río el
agua que pasa por las plantas potabilizadoras. Este verdadero «envenenamiento de
masas» se lleva adelante por medio de la presencia en el agua de niveles de
nitratos que triplican los valores máximos tolerables por el organismo humano.
El consumo de agua con nitratos, principalmente en menores de seis meses, puede
provocar la muerte debido a la falta de oxígeno en la sangre y, en adultos,
afecciones cardiovasculares. La otra forma es la presencia de sustancias tóxicas
prohibidas en el vital líquido, como el bifenilo ploriclorado (PBC), que es
altamente cancerígeno, detectado en peces de la zona del desagüe de AA. A esto
se le puede agregar verdaderas pestes de hepatitis B, causada por el agua en
varias zonas del Gran Buenos Aires como Esteban Echeverría, Lomas de Zamora,
Quilmes, Tres de Febrero, Morón, San Fernando y Tigre.
Irónicamente, hace poco
el directorio de Suez anunció su intención de dejar Aguas Argentinas a raíz de
la falta de acuerdo con el gobierno argentino para subir nuevamente las tarifas
domiciliarias, que se encuentran congeladas desde el estallido del Argentinazo a
finales del 2001.
El proyecto del Sistema
Acuífero Guaraní
Como señalábamos,
dentro de los procesos de recolonización de los países de América Latina figuran
como objetivos los principales recursos naturales. Por eso, la intervención del
Banco Mundial y otros actores al servicio del gran capital en proyectos que
aseguren el acceso, gestión y usufructo de las principales reservas de agua
dulce no se ha hecho esperar.
En mayo del 2003 se
reunieron en Montevideo el BM y los países integrantes del Mercosur. Allí se
firmó el proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Sistema
Acuífero Guaraní (Document of The World Bank-Report Nº 23.490-LAC). Un proyecto
financiado por ese organismo internacional y los gobiernos de Holanda (Bank
Netherlands Water Partnership Program-BNWPP) y Alemania (German Geological
Survey-BGR), la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Organización de
Estados Americanos (OEA).
La relevancia del
proyecto radica en que el acuífero Guaraní es uno de los reservorios de agua
subterránea más grandes del mundo, con alrededor de 1.190.000 km2 (superficie
mayor que las de España, Francia y Portugal juntas). En Brasil abarca una
superficie de aproximadamente 839.000 km2; en Argentina, 225.500 km2; en
Paraguay 71.700 km2, y en Uruguay, 45.000 km2 (ibíd., p. 6). Y según el propio
documento del BM, se lo considera un «recurso estratégico del Cono
Sur».
Según el BM, 27,24
millones de dólares del proyecto del Sistema Acuífero Guaraní, que incluyen una
donación del Fondo Mundial para la Naturaleza de 13,4 millones, servirán para
«elaborar e implementar en forma conjunta un marco institucional y técnico para
el manejo y la preservación del Acuífero».
Entre los siete
componentes del Proyecto descritos en el documento del BM caben destacar la
expansión y consolidación del conocimiento a cerca del Acuífero en base al
«desarrollo e integración» del SISAG-Sistema de Información del Sistema Acuífero
Guaraní, el desarrollo e implementación conjunta de un marco regulatorio de
manejo del Acuífero y la consideración del potencial geotérmico para la
generación de energía eléctrica (ibíd., p. 3)
Ahora bien, vale
aclarar lo que el BM suele entender por «marco regulatorio de manejo» en sus
proyectos relacionados a recursos naturales (háblese, por ejemplo de
biodiversidad o agua). Generalmente, se refiere a todas aquellas medidas que se
han de tomar para homogeneizar los marcos jurídicos y operativos de acceso a
tales o cuales recursos (claro está, bajo el argumento de que es un
prerrequisito necesario para ejecutar su «conservación», su «uso sustentable»,
etc.). En tal sentido, de los cuatro años que componen el proyecto del Acuífero
Guaraní, los tres primeros se enfocan a esa finalidad, o como el BM señala, a la
«primera fase». Una vez consolidada ésta, el siguiente paso sería colocar a
determinados actores en la gestión y usufructo del líquido («El aparatoso
proyecto del Acuífero Guaraní», Gian Carlos Delgado Ramos,
2004).
Esa es la forma
preferida de operar del BM que, en este tipo de proyectos, devela su interés,
primero, por reconfigurar el manejo del recurso, y segundo, por la transferencia
de los servicios hídricos hacia el sector privado. Es decir, por un lado,
impulsa una concentración del manejo de cuencas hídricas en manos de «selectos
actores», y una vez consolidados, busca, por el otro lado, colocar a las
multinacionales en el centro de la gestión y usufructo del agua dulce (es decir,
en los negocios de servicios hídricos de almacenaje, distribución,
potabilización, generación de termo e hidroelectricidad, etc.)
(ibíd.).
De esta forma, con la
mesa servida, aparecen las transnacionales del agua como el Bechtel Group, la
Suez o bien la propia Monsanto, que desea asegurar para sus negocios «a toda la
cadena alimenticia».
La Hidrovía
Paraguay-Paraná
Otro importante
proyecto vinculado al papel asignado por el gran capital transnacional a la
Cuenca del Plata de ser un enorme campo de cultivos de transgénicos, y que
también es financiado por un organismo financiero internacional, es el llamado
«mega proyecto» de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
Este proyecto varias
veces millonario, financiado por el BID e iniciado en abril de 1988, es uno de
los ejes de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA).
La Hidrovía
Paraguay-Paraná consiste básicamente en obras de dragado y balizamiento de estos
dos ríos, en un tramo que va desde Puerto Quijarro (Bolivia)-Corumbá (Mato
Grosso do Sul, Brasil) hasta el puerto de Santa Fe (Argentina), con el fin de
mejorar el tráfico fluvial del canal, de 3.442 km de longitud, facilitando la
navegación en todo el trayecto de buques y barcazas de 10 pies (3,3 m) de
calado.
Obsérvese que el
trayecto se inicia en la frontera internacional entre Bolivia, en el
departamento de Santa Cruz, y el Brasil, específicamente en Puerto Aguirre y
Puerto Quijarro (ambos puertos sojeros bolivianos) y la citada Corumbá, uno de
los principales puertos de embarque de la soja cosechada en el estado de Mato
Grosso.
El principal objetivo
de la Hidrovía es el de dar una salida mucho mayor en volumen al grano y por
supuesto abaratar los costos de los fletes terrestres, los cuales actualmente
fluctúan en los 40 a 60 dólares la tonelada desde Corumbá hasta el puerto de
Santos, y de 23 dólares la tonelada desde la frontera paraguaya hasta el puerto
franco de Paranagua (informe de la Secretaría Técnica de Planificaciones,
2-6-05). Lo importante es sacar la producción lo más rápido y barato posible,
sin importar (lo más cuestionado del proyecto hasta ahora) el muy posible
terrible impacto socio ambiental de tamaño emprendimiento. Organizaciones como
la WWF alertan que con la hidrovía podría estar en riesgo el propio Pantanal
brasileño.
Para ilustrar nuestras
afirmaciones basta apreciar la proyección de cargas previstas en el trayecto de
norte a sur por producto: 58% soja y derivados, 23% mineral de hierro, 9%
clinquer, 6% madera y derivados, 4% otros. Un informe del organismo encargado
del proyecto, que habla de las proyecciones del futuro tráfico potencial por la
Hidrovía, señala que las actuales 78 millones de toneladas de soja en grano que
circulan por los citados ríos, para el 2025, tan sólo las provenientes de
Paraguay, llegarían a 145 millones de toneladas.
Tropas de Washington
garantizando el lucro de las multinacionales
Hasta ahora hemos
esbozado la configuración recolonizadora en los aspectos estructurales de diseño
y asignación geopolítica de Paraguay como básicamente productor y proveedor de
materias primas, alimentos y recursos naturales para los países imperialistas.
También el papel de «mediadores» que poseen los organismos como el BM o el BID
para que las transnacionales se aseguren los recursos necesarios para sus
negocios. Pero, como habíamos dicho, un aspecto vital en el actual reparto
mundial es la cuestión política y militar.
En ese marco, dentro
del proyecto de dominación geopolítica que el imperialismo norteamericano busca
imponer para América Latina podemos señalar algunos ejes militares
fundamentales. El más importante de todos hasta la fecha es el Plan Colombia,
que con su presencia militar en el conflicto colombiano y la base militar
norteamericana en Manta cedida por el gobierno del Ecuador se asegura el control
del Pacífico y la Región Andina. En segundo lugar está el Plan Puebla-Panamá
para el control de Centroamérica y el Caribe, y por último la Triple Frontera,
donde EEUU viene montando una campaña para definirla como «zona del terrorismo
islámico» para justificar la instalación de una base militar, que hoy le cede el
gobierno de Nicanor Duarte Frutos.
La sanción de la ley
que permite el ingreso de tropas de Washington por un lapso de 18 meses con goce
de total impunidad es el primer paso dado con el fin de establecer en Paraguay
una cabeza de puente para custodiar las multimillonarias ganancias e inversiones
de las multinacionales. Además, en el Convenio firmado con el gobierno paraguayo
Washington no se responsabiliza por los daños que pueda causar a las poblaciones
en la salud y al medio ambiente, ni tampoco a los recursos de la población. La
presencia en Asunción de R. Myers o del propio Donald Rumsfeld se dan en ese
contexto.
Pero la pregunta que
surge es la siguiente: ¿por qué enviar tropas y montar una base si con el apoyo
de las burguesías lacayas y los ejércitos locales debería bastar y sobrar para
asegurar las ganancias y el usufructo exclusivo de los recursos naturales por el
imperialismo?
En Paraguay, por
ejemplo, el apoyo de las burguesía local «legalista» a los planes del
imperialismo de que Paraguay se transforme en un gran sojal es del cien por
cien. La influencia de la CAPECO (Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y
Oleaginosas) dentro del aparato de estado y del actual gobierno es innegable.
Este es el sector burgués que vive de las migajas que caen de la mesa del
banquete imperialista, y que está ganando la pulseada a los otros sectores
burgueses lúmpenes (narco mafiosos) que están fuera de los planes de Washington
para la región.
Sin embargo, los
ejemplos de las recientes rebeliones en América Latina nos muestran que el papel
entreguista de las burguesías latinoamericanas y sus correspondientes brazos
armados no son garantía para el imperialismo, no pueden contener el ascenso
continental de los trabajadores y los explotados. Por suerte los ejemplos
abundan y ojalá se multipliquen. Tal es el caso del pueblo boliviano, que salió
a las calles, defendió su agua y sus hidrocarburos y derribó gobiernos serviles
al imperialismo como el de Sánchez de Lozada y el de Carlos Mesa. Otros ejemplos
son las rebeliones populares en Ecuador (la del 2000 y la de este año), y el
Argentinazo, con el mismo saldo de derrocamiento de gobiernos que eran más
papistas que el Papa a la hora de aplicar las recetas, los ajustes y los planes
neoliberales. Pero lo peor para los intereses imperialistas es el positivo saldo
de recomposición política y de clase que dejan estos ricos procesos de lucha que
brotan por todo el continente.
Los regímenes de la
«democracia» de los ricos y el imperialismo en América Latina están pasando por
una tremenda crisis de legitimidad. Los constantes sobresaltos y golpes que le
asestan los trabajadores, campesinos y todo el pueblo explotado a los intereses
de las transnacionales y el casi nulo papel represivo de los ejércitos locales
hacen necesaria la intervención directa del ejercito yanqui para asegurar que no
se repitan y no se imiten los casos citados.
La lucha de clases en
Paraguay
En Paraguay también se
da el mismo proceso, aunque con distinto ritmo. Aquí el gran enemigo del modelo
del enclave agro exportador es el campesinado. Por ser el sujeto social que
enfrenta diariamente a los pocos empresarios que llegan a acumular con la soja y
con el aparato estatal que defiende los intereses de las transnacionales, están
ubicados siempre en primera fila en las luchas por la soberanía, que en esencia
son profundamente anti capitalistas. Históricamente, el movimiento campesino
tiene sus reivindicaciones centradas en el pedido de una reforma agraria
integral, concretamente reivindicar las necesidades básicas de tierra para los
pequeños productores, salud, educación, caminos y asistencia técnica para la
producción.
Pero a partir de 1999,
y teniendo como impulso las jornadas del marzo paraguayo, se da una importante
recomposición política donde en torno a uno de los principales gremios
campesinos, la MCNOC (Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas).
Se creó el FSS (Frente Social y Sindical), donde además convergieron los
sindicatos más combativos. Sus principales reivindicaciones fueron oponerse a la
privatización de las empresas públicas y exigir la reforma de la banca pública
orientada al servicio de los pequeños productores.
Por otro lado, también
la FNC (Federación Nacional Campesina) consolida su frente con la Central
Nacional de Trabajadores, y exige por su parte la industrialización local de la
producción agrícola y la tarifa social de electricidad. Al poco tiempo se crea
la Plenaria Popular Permanente, también en torno a la MCNOC, donde funciona una
amplia unidad de acción entre sindicatos, gremios estudiantiles y organizaciones
políticas de izquierda.
El principal hito de
este proceso se dio con la convergencia de los dos principales gremios
campesinos, la FNC y la MCNOC, dentro del Congreso Democrático del Pueblo. Desde
allí, en el 2000, mediante masivas movilizaciones y cortes de rutas,
trabajadores, campesinos y estudiantes detienen el proceso de privatización de
las principales empresas públicas de servicios (telefonía, electricidad,
agua).
Actualmente, el lugar
de organismo aglutinador y coordinador de las luchas obreras y campesinas en
Paraguay lo ocupa el Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la
Vida.
La respuesta del
gobierno Nicanor para el campesinado en su conjunto hasta ahora fue la misma de
sus predecesores: endurecer sus métodos violentos como única respuesta visible a
las movilizaciones y reivindicaciones del sector. Las fuerzas represivas tienen
como norma el «gatillo fácil» en los operativos de desalojo y despeje de rutas,
o bien el amedrentamiento y la persecución cotidiana de dirigentes en las zonas
de principal conflicto con los sojeros (Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú). Tan
sólo desde octubre de 2003 a septiembre de 2004 han ocurrido tres muertes
violentas de campesinos a manos de la policía, además de varios heridos y
decenas de detenidos. Con estas víctimas fatales ya suman 83 los campesinos
asesinados desde la caída de la dictadura estronista en
1989.
Aun así, la creciente
miseria en el campo, la expulsión violenta de comunidades campesinas enteras y
principalmente el proceso de politización y amplia alianza del campesinado con
los trabajadores urbanos prepara las condiciones objetivas y subjetivas para
otras jornadas de lucha similares a las de abril del 2000.
Hoy por hoy el gobierno de Nicanor Duarte
Frutos ha caído totalmente en el descrédito, incluso para importantes sectores
de la burguesía, para los cuales no es capaz ni de garantizar el resguardo sobre
sus agronegocios y latifundios. Tal es el marco del canje de soberanía por
«seguridad». Según el propio vicepresidente, Luis Castiglioni, tanto la venida
de las tropas como la instalación de una filial del FBI en Asunción tienen por
objetivo ayudar en el combate contra el «terrorismo» y mejorar la seguridad.
Claro está que Castiglioni habla de la seguridad del modelo agro exportador y la
de sus representantes. Qué más se puede afirmar para sostener que el
imperialismo prefiere hacer las cosas por sí mismo y no dejarlas en manos de sus
lugartenientes.
Notas:
[1].-
Arceo Enrique (2002). Hegemonía norteamericana, internacionalización
financiera y productiva, y nuevo pacto colonial.
[2].-
Fogel Ramón (2005). Enclave sojero, merma de soberanía y pobreza. CERI,
Asunción.
[4].-
Boletín N° 29, Red rural, 2004.
[5].- http:
www.montsanto.com. (Company reports third-quarter 2005 results).
[6].-
Monsanto moves to central water resources & fish farming in India & the
third world, Vandana Shiva, junio 1999.
[8].-
Sebastián Hacher (2004) «¿Kirchner vs. Aguas Argentinas? Negocios sobre el
agua», http://www.rebelion.org.
